Internet, televisión y telefonía servicios públicos esenciales.

26 agosto, 2020

El presidente argentino, Alberto Fernández, ha anunciado la decisión del gobierno de declarar como servicios públicos esenciales Internet, telefonía fija y móvil la televisión por cable.

Argentina se encuentra desde hace más de dos años en recesión, una crisis que se ha agudizado por el impacto de la pandemia de coronavirus, llevando a un mayor deterioro de los indicadores sociales, con casi el 40 % de la población bajo la línea de pobreza, mayor desempleo y una fuerte caída de la actividad económica.

¿Qué conlleva esta decisión?

Principalmente congelar las tarifas de estos servicios de telecomunicaciones hasta el 31 de diciembre, para un posible aumento de los precios las empresas deberán ser autorizadas, quedando esta decisión al cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Internet, televisión y telefonía servicios públicos esenciales.

Internet uno de los derechos digitales.

La medida, establecida a través de un decreto de necesidad y urgencia presidencial, cita textualmente sobre el acceso a Internet que: “uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión y que la ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas”.

Paliar la desigualdad social.

A pesar que desde hace años diferentes asociaciones de usuarios y consumidores venían reclamando de manera urgente esta decisión, ante una situación económica y social que evidenciaba la injusticia y la desigualdad imperante en el acceso a la comunicación e información, la pandemia provocada por el COVID-19 ha agravado más esta situación.

También Luz y Gas.

Esta decisión se suma al congelamiento de las tarifas de electricidad y gas hasta finales de año, dado que en junio se decidió prorrogar seis meses más la medida dispuesta en la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

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